El escándalo de la presunta intervención de entidades gubernamentales en las elecciones presidenciales continúa y, según parece, también será debatido el próximo año.
Así, los rumores que expresaban que agentes de Inteligencia habían subido comentarios favorables sobre Park Geun Hye en portales de Internet durante la campaña presidencial, además de realizar otras actividades que pudieran haber influido en los comicios, fueron parcialmente confirmados.
Las investigaciones fiscales revelaron que los empleados del Servicio Nacional de Inteligencia, escribieron numerosos mensajes en diversas cuentas de Twitter, hecho que elevó aún más la inquietud.
Ante la gravedad de la situación, la presidenta Park Geun Hye intentó calmar las aguas, afirmando que jamás habías recibido ayuda de una entidad gubernamental durante su campaña electoral, y expresó su voluntad de aceptar los resultados de la investigación.
Pese a esta explicación de la jefa de Estado, el partido de la oposición exhortó a revelar la verdad a través de un sistema especial de investigación fiscal, además de penalizar a los responsables y de solicitar una disculpa por parte de la presidenta.
En este contexto, el Democrático incluso boicoteó las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, hecho que derivó en un serio enfrentamiento entre la fuerza en el poder y la oposición. Esta tensión bilateral provocó un retraso en la agenda parlamentaria, y el presupuesto estatal para el año fiscal 2014 no pudo ser aprobado en su fecha límite, el 2 de diciembre.
Posteriormente, la Asamblea Nacional volvió a normalizar su actividad tras un acuerdo entre Saenuri y Democrático que proponía crear dos comités especiales, a fin de debatir los temas más acuciantes.
Dicho caso fue foco de debate desde su inicio, ante la sospecha de que las investigaciones no se estaban llevando a cabo debidamente; además de existir una gran desconfianza hacia quienes estaban a su cargo, como por ejemplo, Choe Dong Wook, jefe de la Fiscalía, quien dimitió ante los presuntos rumores de paternidad extramatrimonial; o un funcionario presidencial, quien accedió ilegalmente a los datos personales del fiscal general.

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