Por primera vez en la historia de Corea del Sur, un partido político fue disuelto debido a una decisión del Tribunal Constitucional. El dictamen fue emitido el 19 de diciembre por dicha corte, que acogió la petición del Ministerio de Justicia de remover el Partido Progresista Unificado o PPU, y ordenó no solo a disolución de este grupo político, sino también la destitución de 6 de sus legisladores.
Según el fallo emitido el 19 de diciembre –que contó con el visto bueno de 8 de los 9 magistrados del Tribunal Constitucional y solamente fue objetado por 1 juez-, los objetivos y actividades del Partido Progresista Unificado van en contra de la norma básica de democracia. La corte explicó al respecto que lo que pretendía el citado partido era implementar una democracia progresista mediante el uso de la violencia, para finalmente desplegar un socialismo similar al existente en Corea del Norte. Agregó que, en consecuencia, el Partido Progresista Unificado constituye un peligro real y concreto, capaz de causar daños sustanciales al orden democrático del país. Además, enfatizó que los beneficios de la disolución del PPU en defensa del orden democrático que rige la sociedad surcoreana, son mucho mayores e importantes que los perjuicios de esta medida, como una restricción parcial de la democracia o de la libertad para realizar actividades partidistas.
El Partido Progresista Unificado se estableció en 2011 y consiguió 6 escaños de representación proporcional en las elecciones generales de abril de 2012. Mas sin embargo, al descubrir actos de corrupción interna en el proceso de selección de candidatos, e identificar una lucha ideológica entre sus miembros, el partido se dividió en dos facciones, una de las cuales al final se desmembró del partido. Asimismo, fue foco de atención por las acusaciones vertidas sobre Lee Suk Ki, uno de sus integrantes, de planear una conspiración contra el Estado y demostrar que el PPU -de tendencia progresista- apoyaba las ideologías norcoreanas. La petición gubernamental para disolver este partido vino precisamente motivada por este incidente, y la decisión final del Tribunal Constitucional se emitió 409 días después de ser presentada.

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