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A falta de apenas un mes para su entrada en vigor, la aplicación del impuesto sobre activos virtuales fue aplazada un año, al aprobar el Comité de Estrategia y Finanzas de la Asamblea Nacional el 30 de noviembre un paquete de reformas tributarias. Entre dichas medidas figura una enmienda a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que cambia la fecha de entrada en vigor del gravamen a activos virtuales, pasando de enero de 2022 a enero de 2023, un año después.

Así, los inversores no pagarán impuestos el próximo año sobre los beneficios obtenidos de vender o ceder en préstamo activos virtuales. Sin embargo, sí deberán hacerlo a partir de mayo de 2024, cuando las autoridades empiecen a gravar las operaciones de dichos activos, pues deberán declarar los ingresos obtenidos y tributar un 20% sobre los beneficios que superen 2,5 millones de wones. En el caso de los contribuyentes residentes en el país, cada mes de mayo deberán presentar la declaración de renta correspondiente al año anterior.

La reforma anunciada inicialmente por el Gobierno en 2020 contemplaba aplicar el gravamen a activos virtuales desde octubre de 2021. No obstante, antes de proceder a su aprobación, el Parlamento hizo una reforma y pospuso la implementación de dicho gravamen hasta enero de 2022, y ahora la ha postergado un año más, hasta enero de 2023. En otras palabras, es la segunda vez que aplazan el impuesto pese a la insistencia del Gobierno en la necesidad de aplicarlo lo antes posible para estabilizar el mercado de activos virtuales.

En este contexto, el nuevo aplazamiento es visto como una estrategia de la clase política para ganar votos de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 2022. Es más, hay quienes la critican y la describen como el resultado de una “complicidad poco deseable” entre los partidos, así como una medida populista que desea captar el voto de los electores más jóvenes, que son quienes más invierten en criptomonedas. Sin embargo, esta decisión podría ir contra el principio de equidad impositiva, provocando un fuerte rechazo de los contribuyentes en general.