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El Tribunal Supremo falló a favor de indemnizar a los trabajadores coreanos reclutados a la fuerza por Japón durante la época colonial.

Mediante un comunicado, el Gobierno dijo que acatará la decisión del Tribunal Supremo, comentario que pese a parecer neutral y prudente, podría comprometer el futuro de la relación bilateral. Pero además, asume que garantizará la efectividad del fallo. Resulta importante porque nada más conocerse el dictamen, el premier nipón, Shinzo Abe, expresó un fuerte descontento, al enfatizar que ese tema ya quedó resuelto en 1965 con la firma del Acuerdo sobre Resolución de Reclamaciones entre ambos países. Por su parte, el canciller japonés Taro Kono, convocó al embajador surcoreano en Tokio para elevar una queja.

Por si los oyentes no estuvieran al tanto… ¿De qué trata el Acuerdo sobre Resolución de Reclamaciones?

Fue un acuerdo que suscribieron Corea y Japón hace medio siglo, durante el proceso de “normalización de relaciones diplomáticas”, para resolver las reclamaciones de indemnización de Corea del Sur por los daños ocasionados a su pueblo durante la ocupación forzada de Japón. En función de este pacto, Tokio ofreció un monto de 300 millones de dólares en efectivo y otros tipos de ayuda valorada en 200 millones de dólares durante 10 años. Entonces, Corea necesitaba dinero para industrializar el país y aceptó la oferta, pero no aclaró si esas ayudas incluían indemnizaciones a civiles, mientras que Japón alega que estaban incluidas.

¿Y a qué se refieren concretamente con trabajadores reclutados a la fuerza?

Durante la época colonial, Japón reclutó gente para trabajar en sus polígonos industriales en base a la Ley de Movilización Nacional implementada en 1938. Algunos fueron movilizados por el Gobierno nipón y otros por empresas privadas, pero en ambos casos, los coreanos fueron llevados a la fuerza a trabajar en un entorno pésimo y sin un salario decente. Se estima que más de 17 millones de coreanos fueron forzados a trabajar: unos 7 millones en los polígonos industriales nipones establecidos en territorio coreano, y otros 10 millones en el extranjero.