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El Pleno del Tribunal Supremo dictaminó a favor de la parte demandante en el juicio contra una empresa japonesa a la que demandaron cuatro coreanos reclutados como trabajadores forzosos durante la era colonial. La sentencia fue emitida el 30 de octubre, al ordenar la corte a la compañía demandada -la siderúrgica Nippo Steel & Sumimoto Metal- entregar una indemnización de 100 millones de wones a cada uno de los demandantes.

Para empezar, el Supremo resolvió rechazar el dictamen del Poder Judicial de Japón, que determinaba que las empreas de su país no tienen el deber de indemnizar a los coreanos que fueran a trabajar como obreros en sus plantas. Explicó que tal veredicto tienen como premisa tácita que la colonización de Corea por parte de los japoneses fue legítima, sin embargo, eso contradice los valores de la Constitución de Corea del Sur y por ende no es vinculante en este país. El Tribunal tampoco aceptó la alegación de la defensa de que el derecho de petición de indemnizaciones se extinguió con el Acuerdo de Reclamación Corea-Japón firmado entre los Gobiernos de los dos países en 1965. Afirmó que el derecho individual a una indemnización no fue incluido en dicho pacto interestatal.

Como siempre ocurre, al hablar de las víctimas coreanas de los delitos de guerra que Japón imperialista cometió en la Segunda Guerra Mundial, la parte más controvertida es el Acuerdo de Reclamación Corea-Japón, al que el gabinete de Tokio se refiere siempre para decir que el problema de las indemnizaciones por los daños ocasionados durante la era colonial y la guerra quedó cerrado. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que el debate sobre tal pacto se realizó en conformidad con el Tratado San Francisco, también conocido como Tratado de Paz con Japón. Un tratado a cuya firma Corea ni siquiera fue invitado. Luego, influyó en las negociaciones entre Corea y Japón la postura que Estados Unidos adoptó al renunciar a reclamar indemnizaciones, lo que a Japón le sirvió como buena excusa para inducir a Corea a aceptar un acuerdo intergubernamental sin consideraciones civiles, en virtud del cual las compensanciones se entregarían como ayuda o cooperación económica. Tristemente, Corea no tuvo otra que acceder a ese acuerdo en una situación en el que el país estaba devastado por la Guerra de Corea y frente a un rápido reordenamiento de la economía mundial bajo el liderazgo de Estados Unidos. En cualquier caso, el Acuerdo de Reclamación Corea-Japón no alude a indemnizaciones a civiles y el reciente dictamen del Pleno del Tribunal Supremo surcoreano rescata ese punto, pues enfatiza y reitera que el derecho individual a reclamar indemnizaciones no figura en dicho pacto intergubernamental.