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El Tribunal Regional de Daegu aprobó la incautación de activos que posee en Corea del Sur la empresa japonesa Nippon Steel & Sumimoto Metal, sentenciada en octubre de 2018 a indemnizar a unas víctimas por reclutamiento forzoso y explotación de trabajadores durante la era colonial.

Al respecto, fuentes relacionadas informan que ya comenzaron los procedimientos requeridos y que los activos a incautar son diversas acciones de la sociedad limitada PNR. Esta corporación es una empresa conjunta establecida por la firma siderúrgica surcoreana POSCO y la japonesa Nippon Steel & Sumimoto Metal, especializada en reciclaje de metales, específicamente en la producción y venta de DRI o hierro reducido del modo directo en dos fábricas: una en Pohang y otra en Gwangyang. Cuenta con unos 70 empleados y sus ventas superan los 30.000 millones de wones anuales. De esta compañía, Nippon Steel & Sumimoto Metal tiene 2.340.000 acciones, equivalentes a unos 11.000 millones de wones, de las que el Tribunal regional de Daegu aprobó la incautación de 80.000 acciones, por valor de unos 400 millones de wones, que es el monto que la empresa japonesa debía abonar como indemnización a las cuatro víctimas de reclutamiento forzoso que interpusieron la demanda. Una vez efectuada la incautación, la firma no podrá ceder a terceros ni vender dichas acciones, aunque el procedimiento no afectará a la administración o a sus operaciones, dado que la empresa no está obligada a convertir inmediatamente esos activos en dinero en efectivo para pagar la indemnización.

Al respecto, cabe saber que la solicitud de incautación de activos fue presentada por los abogados de las cuatro víctimas que ganaron el juicio contra Nippon Steel & Sumimoto Metal, al rechazar esta corporación acatar el dictamen emitido por el Tribunal Supremo de Corea del Sur, exigiendo indemnizar a cada demandante con 100 millones de wones. La solicitud fue aprobada por el Tribunal Regional de Daegu en cuya jurisdicción opera la citada sociedad limitada PNR.

Sin embargo, el caso es motivo de fuertes fricciones entre Corea del Sur y Japón, sobre todo por las diferentes interpretaciones en torno al Acuerdo de Resolución de Reclamaciones que los Gobiernos de ambos países firmaron en 1965. La postura de Tokio es que los daños y perjuicios sufridos por los coreanos reclutados forzosamente y explotados por empresas japonesas durante la era colonial fueron ya cubiertos por dicho pacto, conforme al cual Japón pagó al Gobierno surcoreano una indemnización de 300 millones de dólares, además de ofrecer un préstamo a largo plazo por valor de 200 millones de dólares. En cambio, la Justicia surcoreana estima que el mencionado acuerdo era de carácter intergubernamental y no anula el derecho particular de las víctimas a interponer una demanda por reclamación de daños. Pero tras ese fallo, otro juicio similar contra la firma japonesa Mitsubishi, desembocó en un dictamen a favor de las víctimas.