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El Gobierno anunció el 3 de julio que valora tomar acciones legales contra Japón por las restricciones sobre exportaciones hacia Corea del Sur, incluyendo llevar el caso ante la Organización Mundial del Comercio. Y un día después, el día 4, dichas medidas de Tokio entraron en vigor, limitando la exportación a Corea de tres materiales específicos que son esenciales para la fabricación de chips semiconductores y dispositivos de visualización, cuya demanda en el país es actualmente suplida casi enteramente por productos importados de Japón.

Los tres materiales sujetos a la restricción de exportación del Gobierno japonés son poliimida fluorada, usada en pantallas OLED para televisores y teléfonos móviles;  una solución viscosa utilizada para transferir un patrón de circuito en el sustrato semiconductor llamada ‘resist’, y también fluoruro de hidrógeno de alta pureza, indispensable para la producción de chips semiconductores. Al respecto, cabe saber que solo en lo que va de 2019, Corea del Sur importó de Japón casi 13 millones de dólares en poliimida fluorada, mientras que el volumen de ese material usado por empresas coreanas de semiconductores procedente del país vecino alcanza un 93,7%. Asimismo, el 91,9% de las importaciones de ‘resist’ llegaron de Japón, mientras que en el caso de fluoruro de hidrógeno, el volumen importado de ese país fue el segundo mayor después del proveniente de China.

Aquí es importante aclarar que la medida adoptada por el gabinete de Tokio consiste concretamente en la exclusión de Corea de la lista de destinos privilegiados a los que empresas japonesas pueden exportar sin necesidad de pedir autorización a las autoridades competentes sobre cada envío de mercancías. En otras palabras, tras la reciente restricción, los exportadores de dichos materiales deberán notificar y obtener permiso antes de venderlos al mercado surcoreano, reservándose así el Gobierno nipón el derecho de no permitir la operación.

Sobre esta medida, Japón argumenta que decidió implementarla ante una ruptura de confianza con Corea del Sur. No obstante, no solo en Corea, sino también en Japón, predomina que se trata de una represalia comercial contra las decisiones del Poder Judicial surcoreano, que ordenó a diversas firmas japonesas indemnizar a algunos surcoreanos forzados laboralmente a trabajar en sus centros industriales durante la Segunda Guerra Mundial. Es más, el Gobierno surcoreano ya anticipó que baraja adoptar medidas legales e incluso llevar el caso ante la OMC, al considerar que las medidas de Japón vulneran los principios de libre comercio de dicha entidad, en concreto el artículo 11 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que prohíbe limitar el volumen de las exportaciones o importaciones salvo amenaza grave contra la seguridad nacional o ante situaciones excepcionales.