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Todos los bomberos pasarán desde 2020 a ser considerados como funcionarios públicos del Gobierno central, tras aprobar las leyes pertinentes en la Asamblea Nacional. Así, los cerca de 55.000 bomberos del país, que en gran mayoría son actualmente funcionarios regionales, pasarán a ser empleados del gobierno central, tendrán mejores prestaciones y tendrán todos las mismas condiciones. Actualmente, las condiciones laborales de los bomberos varían en gran medida en función a cada gobierno regional, en base a los recursos y las políticas de cada región.

En concreto, el Parlamento surcoreano aprobó el 19 de noviembre las enmiendas a seis leyes relacionadas con la función pública y la gestión de recursos humanos en el cuerpo de bomberos. Tales enmiendas fueron impulsadas como parte de una reforma para mejorar el bienestar del Cuerpo de bomberos, iniciada hace ya cinco años con ocasión de un accidente trágico: la caída de un helicóptero de bomberos en Gwangju, que dejó al descubierto las precarias condiciones de esos servidores públicos.

A partir de la Ley de función pública regional, promulgada en febrero de 1973, los bomberos se dividieron en funcionarios centrales y regionales. Este sistema, originalmente tenía por objeto otorgar más autonomía a los Gobiernos regionales para la administración de departamentos de bomberos. Sin embargo, como efecto secundario y con el tiempo, empezaron a ser visibles las diferencias de condiciones entre los cuerpos de bomberos de las distintas autonomías respecto a organización del personal, equipos disponibles, condiciones de trabajo y prestaciones, conforme a los recursos fiscales de cada Gobierno regional y al grado de interés de cada gobernador provincial o municipal por el servicio de bomberos. Dicho esto, se espera que con las enmiendas ratificadas en el Parlamento mejoren tanto las prestaciones, como las condiciones de trabajo de los bomberos, además de solventar las carencias por insuficiente personal de bomberos a nivel nacional.

Actualmente, el 98,7% de los bomberos en Corea del Sur son funcionarios públicos regionales, mientras que apenas el 1,3% son funcionarios estatales.