ⓒYONHAP News

El Ministerio de Exteriores ha expresado que valorará la opción de llevar el tema de la esclavitud sexual impuesta por el Ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial ante el Tribunal Internacional de Justicia, tras escuchar más opiniones de las víctimas, respondiendo de modo oficial a la propuesta planteada por Lee Yong Soo, superviviente de tan atroz crimen.

Previamente a las declaraciones de la cancillería, Lee solicitó a las autoridades gubernamentales que los crímenes cometidos por Japón durante la guerra fueran juzgados en base al derecho internacional por el Tribunal Internacional de Justicia, para que ese país reconozca los hechos y reflexione sobre el pasado. Agregó que Corea y Japón deberían dejar de intensificar los conflictos e intentar mantener una mejor relación a partir del dictamen objetivo de dicha corte, incluso aludiendo directamente al primer ministro nipón Yoshihide Suga.

Lee Yong Soo es representante del recientemente establecido Comité para presentar el problema de la esclavitud sexual ante el Tribunal Internacional de Justicia. En dicho comité participan expertos en derecho, como el doctor Shin Hee Seok del Instituto de Estudios Legales de la Universidad Yonsei, quien señala que existen grandes limitaciones reales para satisfacer las demandas de las víctimas, pues no consisten tanto en indemnizaciones monetarias sino en que Japón ofrezca una disculpa oficial, reconozca su responsabilidad sobre lo ocurrido y eduque correctamente a las siguientes generaciones sobre el pasado histórico.

Según el jurista, el escenario más probable es que Corea enfatice que el sistema de “casas de consuelo” operado por el Ejército japonés para satisfacer a sus soldados en los campos de batalla fue ilegal, aún bajo los criterios de Derecho Internacional vigentes en esa época, y que Japón insista en que el Gobierno surcoreano renunció al derecho de reclamar indemnización alguna al firmar un pacto interestatal con el gabinete de Tokio en 1965. En este sentido, considera que llevar el asunto al Tribunal Internacional de Justicia permitiría confirmar que las “casas de consuelo” fueron creadas al margen de toda ley, así como constatar que Japón movilizó a las mujeres de sus colonias hasta esos lugares. Concluye que, sea cual fuere el dictamen final, será necesario determinar si ese atroz sistema vulneró las leyes internacionales, y los testimonios en juicio de las supervivientes quedarán para el futuro.

El Tribunal Internacional de Justicia es una entidad judicial que figura en la Carta de la ONU y los estados miembros de la ONU como Corea del Sur y Japón deben acatar sus fallos. Sin embargo, las perspectivas sobre cuál sería el mejor momento para llevar el tema de la explotación sexual ante dicha corte, y si esta medida sería tanto viable como efectiva para satisfacer las demandas de las víctimas, son contrapuestas. Algunos consideran que llevar el problema ante la corte internacional de justicia puede ser una forma de solucionar pacíficamente el problema, no obstante ahora que las relaciones entre Corea y Japón atraviesan un pésimo momento, esa opción podría aumentar el conflicto.