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El Tribunal Administrativo de Seúl falló esta semana a favor un demandante que reclamaba una indemnización por daños generados por la vacuna del covid-19 a la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades. Así, emitió el primer dictamen de Corea considerando que el Gobierno debe responsabilizarse por los efectos secundarios causados por la vacuna contra el covid-19. 

El demandante, un ciudadano en sus treinta, fue vacunado con AstraZeneca en abril de 2021 y al día siguiente empezó a sentir fiebre, mareos y calambres en las piernas. Entonces, acudió al hospital donde los médicos -tras analizar su estado- notificaron los síntomas a las autoridades de salud pública como “reacciones adversas de la vacuna”. Finalmente, unos exámenes posteriores diagosticaron hemorragia cerebral y malformación cavernosa y la víctima y la familia reclamaron una indemnización por daños derivados de la vacuna contra el coronavirus a la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades. No obstante, esta entidad rechazó la petición al no encontrar relación causal entre el estado del paciente y la vacuna.

Al respecto, el tribunal dictaminó que el demandante no presentaba problemas de salud antes de vacunarse, pero apenas un día después de la vacuna comenzó a sufrir fiebre y dolores de cabeza, que en efecto figuraban entre los efectos secundarios mencionados por el Gobierno. Además, explicó que en cuanto a las malformaciones arteriales detectadas en el cerebro de la víctima, si bien es imposible saber cuándo se generaron, resulta difícil descartar que sean por la vacuna, primero, porque antes no reportó síntomas sospechosos, y segundo, porque no hay pruebas concluyentes que demuestren que esas malformaciones tienen otro origen.

Este caso es relevante al ser la primera victoria de un demandante frente a las autoridades sanitarias, así como una advertencia por ser demasiado exigentes a la hora de reconocer daños provocados por la vacuna contra el covid-19. Actualmente, de los cerca de las 87.000 reclamaciones de indemnización que llegaron a la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades, la evaluación concluyó sobre un 74%, y solo un 32% del total fueron aceptadas e indemnizadas. Así las cosas, existe un fuerte descontento entre los ciudadanos, que alegan haber sido prácticamente forzados a vacunarse ante las desventajas que supusieron las pautas preventivas del Gobierno, como el pase sanitario que permitía solo a los vacunados acceder a establecimientos comerciales y otras instalaciones públicas. Se informa que por lo pronto hay nueve los juicios en proceso en los tribunales surcoreanos sobre demandas de indemnización por daños derivados de la vacuna.