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El presidente Moon Jae In ofreció el día 22 ante la Asamblea Nacional el discurso que viene presentando todos los años desde su asunción al poder para explicar el contenido de los presupuestos generales del Estado del año siguiente y solicitar la cooperación del Poder Legislativo para su aprobación. Así, esta vez la comparecencia del mandatario en el Parlamento tuvo por objeto, primero, proponer el presupuesto nacional de 2020, y segundo, su visión de cara a la mitad posterior de su mandato, en la que claramente resalta su voluntad de seguir con las reformas para promover los principios rectores de su administración: justicia, innovación, inclusión y paz.

Relacionado con el presupuesto nacional para el próximo año, el presidente hizo hincapié en el gasto público. Afirmó que la política expansiva basada en el aumento del gasto público, no será una opción sino un deber el año que viene, dados los riesgos a los que enfrenta la economía surcoreana altamente dependiente del exterior, debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la propagación del proteccionismo comercial y la subsiguiente desaceleración de la economía mundial en general. De esta forma justificó el mega presupuesto que el Ejecutivo diseñó por un total de 513,5 billones de wones, volumen que supone un aumento del gasto público del 9,3%, más del doble de la tasa prevista de crecimiento de la cuenta corriente, fijada en el 3,8%.

El mandatario también aprovechó la ocasión para anticipar las políticas de Estado de cara a la segunda mitad de su mandato y los valores que priorizará. Enfatizó en particular la justicia social, puntualizando que para lograrla hay que hacer reformas y que solo en una sociedad más justa será posible alcanzar otros objetivos como fomentar la innovación, hacer de Corea una sociedad más inclusiva y arraigar la paz. En este sentido, el presidente abogó específicamente por la reforma educativa y de la Fiscalía, al considerarlas las tareas más apremiantes, máxime después de la polémica y los feroces debates que incendió el nombramiento del exministro de Justicia Cho Kuk, así como los escándalos surgidos en torno a su familia.

Sin embargo, el discurso presidencial en la cámara legislativa fue descrito como frustrante y decepcionante por el opositor Partido Libertad Corea, que sobre todo criticó la idea de crear una dirección independiente para investigar delitos cometidos por altos cargos como alternativa al ya suprimido Departamento de Investigaciones Especiales de la Fiscalía.