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El Gobierno surcoreano anunció esta semana un plan de reforma del Código Penal y de la Ley de Salud Materno-Infantil para permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación, aún manteniendo el delito de aborto. El proyecto obedece a un dictamen del Tribunal Constitucional emitido en abril de 2019, que consideraba inconstitucional tipificar el aborto inducido como delito, y por tanto conminó a reformar las leyes relacionadas durante 2020.

El Tribunal Constitucional dictaminó que va contra la Carta Magna penalizar el aborto, incluso en las etapas iniciales del embarazo, pues conculca el derecho de la mujer a decidir.

En consideración a ese dictamen, el proyecto de reforma del Código Penal recoge nuevas causas para permitir la interrupción voluntaria del embarazo, a la vez que establece que toda mujer en gestación -por determinación propia- puedeabortar sin alegar una causa específica o satisfacer ciertos requisitos, como recibir asesoría psicológica o médica, si no ha pasado de la decimocuarta semana de gestación.

En tanto, si está entre las semanas 15 a 24 de embarazo, podrá abortar sin considerar que comete delito si cumple alguna de las circunstancias estipuladas en la Ley de Salud Materno-Infantil, más otras nuevas agregadas en el reciente proyecto de enmienda, de índole económica o social. Sin embargo, abortarpor causas económicas o sociales requerirá sesiones de asesoría y un periodo de reflexión de 24 horas, aunque la decisión no precisará del consentimiento del cónyuge, pues la reforma suprimió las cláusulas relacionadas, al considerar que transgredían el derecho de la mujer a decidir, y fueron eliminadas en la enmienda de la Ley de Salud Materno-Infantil. La versión actualmente en vigencia de esta ley permite el aborto inducido hasta la vigésimo cuarta semana de gestación, en caso de violación o incesto, si hay riesgo para la salud de la madre, o si la madre o el padre padecen enfermedades genéticas o infectocontagiosas.

Sin embargo, la controversia sobre el aborto persiste ante las fuertes objeciones de entidades feministas y en pro de los derechos de la mujer, que abogan por la despenalización total del aborto, así como por el llamado que hizo el Comité de Políticas de Igualdad de Género, un organismo consultivo del Ministerio de Justicia, para garantizar el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.

En este ambiente, nada más anunciar el proyecto de reforma, diversas organizaciones civiles criticaron que el Gobierno solo está definiendo nuevos criterios para sancionar el aborto y limitar los derechos de la mujer, mientras que un grupo de activistas feministas veteranas declararon que las normas y políticas sobre el aborto no deben centrarse en la sanción, sino enla prevención de embarazos no deseados y en el establecimiento de sistemas adecuados de atención médica.