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Pese al rechazo de la patronal, sobre todo de las pymes, la norma que limita la semana laboral a 52 horas será ampliada en julio y será de cumplimiento no solo en empresas de más de 300 empleados y entidades público-gubernamentales, donde ya opera desde 2018, sino también en centros de trabajo de entre cinco y cincuenta empleados. Sin embargo, muchos piden una moratoria alegando no estar preparadas para adaptarse a una reducción de horario laboral. 

La semana laboral de 52 horas fue implementada considerando la negativa reputación de Corea del Sur como país con uno de los horarios de trabajo más largos del mundo. Dicha ley fue aprobada en el Parlamento en febrero de 2018 para cobrar efecto desde el 1 de julio de ese mismo año en empresas con más de 300 trabajadores. Sin embargo, su aplicación fue aplazada y las autoridades dieron una moratoria de seis meses a la patronal, al aceptar que no estaban preparadas para la semana laboral de 52 horas. Ese fue el primer periodo de gracia, que fue seguido por otro de un año para centros laborales de entre cincuenta y 299 empleados, sin establecer excepciones sobre lugares de trabajo de entre cinco y 49 empleados. 

La postura de la patronal es que estos últimos, al ser micro y pequeñas empresas, necesitan más tiempo para adaptar sus sistemas de operativa y gestión de personal a los nuevos horarios, y requieren un periodo de gracia al menos hasta que remita el impacto económico de la pandemia, considerando que la mayoría se dedica a industrias clasificadas como de alto riesgo, y sufre de crónica falta de mano de obra. 

Sin embargo, el Gobierno sostiene con firmeza que ha dado tiempo suficiente y que el calendario de implementación fue fijado hace mucho. En cualquier caso, anticipó que valorarán medidas complementarias, como asignar trabajadores extranjeros de forma prioritaria a las pymes fuera de la zona capitalina o de sectores de alto riesgo, al ser estas las que más sufren la escasez de mano de obra, así como otras más centradas en apoyar a la micro y pequeña empresa para que puedan mejorar la competitividad y las condiciones laborales de los empleados.