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El salario mínimo subirá el próximo año un 2,9% respecto a 2019 y será fijado en 8.590 wones por hora. Sin embargo, dicho aumento es inferior a lo esperado por el sector laboral y a lo prometido por el Gobierno y por el presidente Moon Jae In, que desde su llegada al poder prometió que elevaría el salario mínimo a 10.000 wones por hora para 2020.

En realidad y pese a la feroz objeción de los sindicatos, la modesta subida del salario mínimo es algo que ya se vaticinaba ante la creciente opinión de que el aumento de los dos últimos años fue excesivo y actualmente representa una seria carga para la economía nacional. Opinión que definitivamente motivó al Ejecutivo y al oficialismo a inclinarse a moderar el ritmo del incremento del salario mínimo.

Cabe recordar que la decisión de subir el sueldo base a 8.590 wones por hora es una decisión que llega tras un prolongado y arduo debate entre patronal y sindicatos. Pues mientras los representantes de los trabajadores exigían un aumento del 19,8%, hasta 10.000 wones por hora, la patronal pedía una rebaja del 4,2% para dejarlo en 8.000 wones por hora. Al respecto, los empleadores argumentaron que el brusco incremento del salario mínimo en años recientes provocó también un abrupto aumento de los costes de personal, y en un contexto de recesión económica, las pymes y el micro y pequeño comercio fueron los que salieron peor parados. En cambio, los trabajadores rechazaron ese argumento alegando que las actuales dificultades no derivan de aumentar el salario base, sino que son un problema estructural, destacando que la dimensión de la economía surcoreana permite incrementar el salario mínimo a 10.000 wones por hora.

Ante este panorama, ha quedado en entredicho la palabra del presidente Moon Jae In, pues prometió aumentar el salario mínimo a dicho nivel en 2020 aunque se pronostica que no le será fácil lograr ese objetivo antes de finalizar su mandato. De hecho, el propio presidente se disculpó ante el pueblo por no cumplir su palabra, sin embargo aclaró que esto no implicaba una renuncia a la política de crecimiento económico derivado de un aumento sostenido y equilibrado de los ingresos.