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El Gobierno de Corea del Sur anunció el miércoles 11 que recurrirá a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para resolver el conflicto comercial con Japón.
Lo que Corea destaca como problema para iniciar el procedimiento de la OMC sobre resolución de conflictos son tres artículos del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés). En primer lugar, alude al artículo número uno sobre el trato a nación más favorecida. En virtud de los Acuerdos de la OMC, se establece que, si se concede una ventaja especial a un país, como por ejemplo, la reducción del tipo arancelario en un determinado producto, se debe brindar el mismo beneficio al resto de integrantes de la OMC, para promover un comercio sin discriminaciones. No obstante, cuando Corea todavía estaba en la lista de Japón de países fiables para exportar, Tokio impuso una medida comercial restrictiva solo a Corea, y no al resto de la llamada “lista de países blancos”.
Según Corea, Japón también ha vulnerado la eliminación general de restricciones cuantitativas, ¿no?
Así es. Esa premisa corresponde al Art. XI del citado acuerdo de la OMC, que dispone que ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá prohibiciones ni restricciones comerciales, ya sea mediante contingentes, licencias de importación o de exportación, o a través de otras medidas. Dicho precepto se basa en que cuando se restringe el volumen productos a comerciar, se rompe el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado del país afectado. Es decir, los mecanismos de precio de mercado dejan de funcionar. Por consiguiente, esta medida a veces es considerada más potente que los aranceles, pues permite restringir el comercio de manera más fácil y efectiva.
Pero ese artículo recoge excepciones, ¿no? Por ejemplo, las restricciones a la exportación de cualquier producto, cuando sean necesarias para adoptar medidas gubernamentales de cara a proteger la seguridad nacional, por mencionar alguna...
Es cierto. Sin embargo, ese precepto se aplica en casos especiales como podría ser en caso de guerra. Por tanto, Seúl estima que Japón no puede aplicar actualmente dicha medida.
Y por último, Seúl alude al artículo sobre difusión y aplicación de reglamentos comerciales…
Efectivamente. El Art. X del GATT dice que las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general que entren en vigor en un país, han de ser publicadas rápidamente a fin de que los Gobiernos de otros países y los comerciantes tengan conocimiento al respecto. Sin embargo, antes de implementar la medida restrictiva del 1 de julio, el Ejecutivo nipón no lo anunció previamente, lo cual quiere decir que no hubo ninguna consulta ni negociación entre Corea y Japón.
El procedimiento de resolución de conflictos a través de la OMC comienza con una consulta entre las dos partes en conflicto, ¿no?
Así es. Pero si los dos países no consiguen alcanzar un acuerdo, se establece un panel de resolución de controversias, a través del que terceros países intervienen en el asunto para intentar lograr una decisión justa y objetiva. En principio, ese proceso debería completarse en un plazo de seis meses, aunque existen casos excepcionales. Sin embargo, si un país no está conforme con la decisión del panel de expertos, puede apelar esa decisión. En tal caso, el conflicto entre Corea y Japón podría demorar años en resolverse.
