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El ministro de Justicia Cho Kuk, el día 8, un mes después de ser nombrado, presentó un proyecto de reforma de la Fiscalía cuyo eje central es suprimir o reducir el Departamento de investigaciones especiales. Anunció que procederá inmediatamente a establecer una lista de prioridades para intentar, en la medida de lo posible, comenzar en octubre los trámites de reforma de los estatutos de la Fiscalía.

La parte más llamativa de su propuesta es definitivamente la relacionada con el Departamento de investigaciones especiales o DIE, que busca mantenerlo solo en tres oficinas regionales clave para el organigrama nacional de la Fiscalía, como la Central de Seúl, para sustituir los existentes en otras por un nuevo Departamento anticorrupción.

El DIE es famoso por sus investigaciones sin denuncia. Fue creado en 1973, bajo la dictadura de Park Chung Hee, dentro de la Oficina del Fiscal Supremo de la Nación - comúnmente referido como fiscal general- actuando hasta la actualidad como una dirección contra crímenes de corrupción cometidos por altos cargos, políticos y empresarios. Sin embargo, esa potestad de investigar sin denuncia permite que la Fiscalía persiga a personalidades que no le complacen o que le desafían, o a los detractores de quienes están en ese momento en el poder, siendo el principal motivo por el que la Fiscalía adquirió la reputación de “siervo del poder”.

Dicho esto, la reforma de la Fiscalía ha sido desde hace tiempo una tarea que muchos Gobiernos intentaron acometer, y el actual ministro de Justicia está firmemente decidido a acometer esa reforma, para racionalizar la fuerza e influencia que ejerce el DIE. Así, sugiere limitar la facultad de ese departamento para las llamadas “investigaciones extraordinarias”, indagaciones que el DIE realiza sobre casos o actos que en un principio no eran objeto de investigación con el propósito de formular acusaciones sobre otros nuevos cargos. También el ministro anticipó que corregirá las prácticas de la Fiscalía para prohibir los anuncios públicos de la identidad de los interrogados o la exposición deliberada de meras sospechas, así como los maratonianos interrogatorios de noche y de madrugada.

Además, intensificará las medidas en marcha para reforzar la independencia entre Ministerio de Justicia y Fiscalía. Concretamente, evitará que puestos clave del ministerio sigan siendo ocupados por fiscales y nombrará para ocuparlos a personas sin ningún vínculo con la Fiscalía, para evitar posibles influencias o sobre dicha cartera por parte del Gobierno.

El objetivo del ministro de Justicia es acelerar la reforma para completarla en 2019. Incluso adelantó que aspira a cambiar el Estatuto sobre los organismos administrativos de la Fiscalía para suprimir o reducir el Departamento de investigaciones especiales en octubre. Cabe saber que para reformar dicho estatuto basta con la aprobación del Consejo de Ministros, al tratarse de un decreto presidencial. 

La reforma de la Fiscalía, desde un punto de vista macro, es vista por gran parte de los ciudadanos como algo necesario. El problema es que actualmente quien lidera la reforma, el ministro de Justicia, está siendo cuestionado por presuntos delitos de corrupción y su familia está siendo investigada por la propia Fiscalía. Por tanto muchos dudan de si el ministro Cho Kuk está en condiciones de hablar de cambio, por mucho énfasis que ponga en una “nueva Fiscalía que respetará los derechos humanos y con facultades moderadas”. A estas alturas no puede dejar de cuestionarse que, de ejecutar la reforma tal como propone y en este preciso momento, tanto él como su familia sean los primeros en beneficiarse.