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La decisión del Gobierno surcoreano de expulsar del país a dos norcoreanos, que iban a bordo de un pesquero detenido por traspasar la frontera en el Mar del Este, ha derivado en una fuerte polémica. Las autoridades de Seúl procedieron a repatriarles al considerar que no eran unos simples desertores, sino dos personas que se dieron a la fuga tras cometer varios crímenes graves.

Los dos norcoreanos en cuestión iban en un barco de pesca de calamares, que la Guardia Costera surcoreana detuvo el 2 de noviembre por invadir varias veces la Línea Limítrofe Norteña en el Mar del Este. Posteriormente fueron sometidos a interrogatorio, como es protocolario en el país cuando se producen casos de deserción de Corea del Norte al Sur, y descubrieron que esos dos hombres habían matado al capitán y a otros 16 tripulantes del barco, y eran prófugos de la justicia en su país. Entonces procedieron a deportarlos, al no ser objeto de protección pues no desertaron por razones políticas ni motivos de supervivencia, sino que intentaban escapar de la justicia por crímenes graves de índole no política. Además, su presencia en la sociedad surcoreana podía menoscabar la seguridad e incluso atentar contra la vida de los ciudadanos. En resumen, por esos motivos aseguran que no fueron tratados ni reconocidos como refugiados internacionales.

Así, los dos hombres fueron entregados a las autoridades de Corea del Norte a través de la aldea de Panmunjeom el día 7. En tanto, el barco en el que llegaron por la frontera marítima oriental fue retornado el 8 de noviembre.

Lo controvertido del caso es la interpretación jurídica del estatus de los deportados. La Constitución de Corea del Sur define como territorio nacional “la península coreana y las islas anexas”, es decir, incluye la parte que actualmente pertenece a Corea del Norte. Mientras, la ley sobre protección y apoyo a desertores norcoreanos clasifica como tal a toda persona que haya desertado de Corea del Norte teniendo domicilio, familia y trabajo en ese país y que no haya adquirido una nueva nacionalidad extranjera. En base a esa norma, los dos deportados podrían ser considerados como “desertores norcoreanos” que merecen recibir el amparo de las leyes surcoreanas. Así las cosas, han aumentado las críticas de organizaciones en pro de los derechos humanos, pues además alegan que según el derecho internacional, su repatriación es ilegal considerando la posibilidad de que sean torturados o hasta ejecutados en Corea del Norte, debido a la brutalidad del sistema legal que rige en ese país.