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Actualmente la OCDE debate sobre el “impuesto digital” o la “tasa Google”, sin embargo, ante la divergencia de opiniones y posturas entre los estados-miembro, no hay casi avances. De ahí que cada vez más países optan cobrar dicho impuesto por su cuenta.

El “impuesto digital” es un gravamen sobre empresas tecnológicas globales que ofrecen servicios online sin una sede física. En otras palabras, es una tasa que un Gobierno impone a las ventas digitales realizadas en su territorio por multinacionales de internet como Google, Amazon, Facebook y Netflix, al margen de los impuestos corporativos. Nació en un contexto en el que firmas digitales establecen sus sedes matrices en paraísos fiscales para eludir o evadir impuestos, dada la característica de sus servicios, que no requieren una sede física en un mercado para llegar a sus consumidores. Sin importar la ubicación de sus oficinas, estas empresas pueden obtener beneficios en cualquier país mediante publicidad online o venta de datos, sin tributar o pagar un mínimo de impuestos en las naciones donde operan y obtienen ventas. 

Dicho esto, el “impuesto digital”, también llamado “tasa Google” de forma simbólica, es un nuevo mecanismo impositivo ideado para impedir la transferencia de ingresos y gravar debidamente las ganancias producidas en una zona o país.

Por supuesto, las empresas digitales también tienen algo que decir, y afirman que dicha tasa supone una doble tributación, considerando que ya pagan el impuesto sobre sociedades.

Sobre la tendencia global a favor de su implementación, el mayor colectivo empresarial de Corea del Sur, la Federación de Industrias Coreanas, informa que empezando por Francia en julio de 2019, las naciones de Europa Occidental establecieron un impuesto sobre los servicios digitales de entre un 2% y un 3%, o valoran hacerlo, mientras que en Europa Oriental el debate se inclina hacia la adopción de tasas impositivas más elevadas, de entre un 5% y un 7%, y en Asia países como India, Indonesia, Tailandia y Vietnam ya introdujeron o están por introducir el “impuesto digital” o mecanismos de retención en la fuente de similar efecto. 

En este ambiente, la preocupación aumenta dado que el “impuesto digital” podría perjudicar a las empresas de internet surcoreanas, al ser su ámbito geográfico mucho más amplio en los países asiáticos, pues es allí donde las firmas coreanas ofrecen mayormente sus servicios digitales, más que en Europa.

Lo que más inquieta a estas alturas a las empresas coreanas es tener que asumir una doble tributación, ya que si bien los convenios firmados por el Gobierno surcoreano reconocen los impuestos directos abonados por una firma en el exterior -como impuestos de renta o de sociedades- para evitar la doble imposición, no consideran el “impuesto digital”, catalogado como impuesto indirecto.