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El Departamento de investigación de delitos económicos de la Fiscalía del Distrito Central de Seúl formuló oficialmente cargos contra once directivos de Samsung por actividades fraudulentas y de manipulación, incluido el heredero del conglomerado y vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong. Se sospecha que dichas operaciones irregulares sirvieron para fortalecer la posición de Lee dentro de Samsung y de este modo facilitar la sucesión del control sobre el grupo de su padre, Lee Kun Hee, a él.

Los cargos por los que el heredero del mayor imperio empresarial de Corea y otros diez directivos están imputados tienen que ver con realizar transacciones desleales, manipular los precios del mercado e incurrir en negligencia en el trabajo contra la Ley de mercado de capitales, y también por violar la Ley de auditoría externa de sociedades. En particular, los fiscales acusaron a Lee Jae Yong tras determinar que es el responsable final y el mayor beneficiario de tales actividades ilícitas, de ahí es necesario que asuma la carga legal correspondiente.

Según la Fiscalía, la fusión impulsada en 2015 de dos filiales de Samsung, Cheil Industries la cual fue absorbida por Samsung C&T, permitió a Lee reforzar su influencia sobre el conglomerado. Con el 23,2% de las acciones de Cheil Industries que poseía, pudo gracias a esa fusión asegurar parte considerable de las acciones de Samsung C&T, considerada en la práctica la empresa holding del grupo. Y los fiscales sostienen que en ese proceso, la cúpula de Samsung divulgó falsa información a fin de bajar intencionalmente el precio de las acciones de Samsung C&T y elevar el valor de las de Cheil Industries, además de realizar prácticas desleales e ilegales, como sobornos para obtener apoyo en la fusión del Servicio Nacional de Pensiones, uno de los principales accionistas de Samsung C&T. Se calcula que debido a la manipulación de precios cometida entonces, el Servicio Nacional de Pensiones sufrió enormes pérdidas al quedar subvaloradas sus inversiones.

Sin embargo y más allá del impacto de este caso, tanto sobre Samsung como sobre la economía surcoreana en general, la imputación de Lee Jae Yong suscita en estos momentos otra polémica, al ir en contra de las recomendaciones del Comité evaluador de investigaciones fiscales. Un organismo que la propia Fiscalía creó en 2018 para escuchar opiniones externas y así prevenir los abusos en los que podría incurrir, ya sea consciente o inconscientemente, al ejercer su facultad exclusiva de imputación. Hasta ahora, el comité evaluador ha estudiado diez casos y sus recomendaciones han sido seguidas en la mayoría de las veces por la Fiscalía, siendo las únicas excepciones el caso de intento de coerción que implica a un periodista del canal televisivo Channel A, de tinte conservador, y el del fraude cometido por Samsung y que involucra a Lee Jae Yong directamente. De ahí que sean dos los motivos de controversia: uno que la Fiscalía neutralizó un organismo que ella misma creó para mantener la neutralidad, manifestando que no aceptará recomendaciones que no le convienen o no le complacen, y dos, que para garantizar la efectividad de las evaluaciones externas sobre investigaciones fiscales son necesarios mecanismos institucionales complementarios.