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El Gobierno impulsará una enmienda a la Ley comercial, la cual tendrá como eje central reforzar las demandas colectivas y los daños punitivos contra empresas que con intención o por negligencia ocasionen perjuicios a los consumidores. La reforma fue anticipada el día 23 por el Ministerio de Justicia, que expresó que espera que los cambios permitan a los ciudadanos exigir y recibir indemnizaciones por las pérdidas sufridas como es debido, así como mejorar la responsabilidad social y administrativa de las empresas.

En cuanto a las demandas colectivas, las autoridades adelantaron que, una vez aprobada y entrada en vigor la reforma, estas querellas grupales serán posibles en diferentes ámbitos y respecto a diversos asuntos, a diferencia de lo que ocurre actualmente bajo la Ley de demanda colectiva sobre operaciones de la Bolsa, la cual limita el uso de dicho recurso legal en casos de fraude bursátil o manipulación del precio de acciones. Con la promulgación de la enmienda, la citada normativa será abolida y sus artículos sobre demandas colectivas relacionadas con operaciones de valores serán absorbidas en la revisada Ley comercial. Así, será posible interponer querellas grupales sobre cualquier tipo de perjuicio -de superar el total de 50 el número de demandantes- y todas las víctimas serán indemnizadas, salvo aquellas que declaren explícitamente que no desean someterse al dictamen correspondiente.

Los daños punitivos, mientras tanto, son daños otorgados en un juicio civil como una forma de castigar a un acusado por negligencia grave o mala conducta severa. También referidos como daños ejemplarizantes, su propósito no es compensar al demandante, es decir a la víctima de las aludidas acciones, sin embargo el tribunal puede dictar una indemnización a su favor, haciendo significativamente más fluida su recuperación financiera. En Corea, ya está en vigor este sistema; no obstante, su aplicación se hace de momento de forma dispersa conforme a 19 leyes, como aquella sobre competencia leal y control de prácticas monopólicas. La reforma tiene por objeto, por tanto, englobar esas cláusulas e incluirlas todas en la Ley comercial, para una gestión más integral y también para prevenir prácticas desleales e ilegales cometidas con intención o por negligencia en detrimento de los derechos de los consumidores.