El Tribunal Constitucional de Corea del Sur desestimó el miércoles 23 una petición para determinar la constitucionalidad del acuerdo firmado entre Corea y Japón en 1965, que suprimía el derecho de los coreanos que fueron reclutados forzosamente a trabajar para el imperio japonés durante el período colonial, a solicitar nuevas indemnizaciones. 

La corte constitucional decidió descartar la petición entablada por Lee Yoon Jae, hija de un trabajador forzoso coreano, al juzgar que no es posible un juicio de constitucionalidad sobre dicho pacto, y por lo tanto ese punto no afecta al resultado del juicio administrativo interpuesto por la solicitante en 2009, para reclamar una indemnización por los sueldos que debería haber percibido su padre y que los colonos nipones rehusaron a abonar. 

El acuerdo coreano-nipón establece que los derechos de empresas e individuos coreanos a reclamar cualquier tipo de resarcimiento por los servicios prestados y bienes perdidos, ya fueron dirimidos de forma completa y definitiva. 

El Gobierno japonés se fundamenta en dicho acuerdo,para argumentar que ha prescrito el derecho de las víctimas coreanas de esclavitud sexual y trabajos forzados a reclamar indemnizaciones.