El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha determinado la constitucionalidad de la Ley Especial sobre Prostitución, que sanciona a aquellas personas que comercien sexo por voluntad propia, sin ser ser forzadas ni explotadas por terceros. 

Los magistrados afirman que ese es justo el objetivo de dicha ley, que pretende establecer unas prácticas sexuales sanas y una correcta moral, en torno a las relaciones íntimas al penalizar la prostitución. Agregaron que si aquellos que se prostituyen no son debidamente sancionados, esa permisividad podría fomentar la industria del sexo. 

El juicio para dirimir la constitucionalidad de la Ley Especial sobre Prostitución comenzó con una demanda presentada por una mujer, imputada por haberse prostituído a cambio de 130.000 wones en diciembre de 2012. 

Es la primera vez que Corea del Sur aborda un caso para determinar si es constitucional o no sancionar a mujeres que se prostituyen voluntariamente y como única forma de mantenerse.