La norma que limita la semana laboral a 52 horas laborables entró en vigor en 2018 para las empresas de más de 300 empleados y entidas público-gubernamentales, pero a partir de julio está prevista su ampliación a lugares de trabajo con entre cinco y cincuenta empleados. 

La medida sigue el calendario predeterminado por el Gobierno, pero las pymes alegan que aún no están preparadas para adaptarse a la semana laboral de 52 horas. Al respecto, una reciente encuesta entre 200 centros procesadores de metal y astilleros muestra que cuatro de cada diez no cuentan con los sistemas necesarios para reducir la jornada laboral. La razón que alegó casi la mitad fue la falta de mano de obra, mientras que la mayoría pidió un periodo de gracia al menos hasta que remita el impacto económico de la pandemia.

Sin embargo, el Gobierno mantiene una postura firme en base a los estudios del Ministerio de Trabajo sobre 1.300 centros laborales con entre cinco y cincuenta trabajadores. Dicho informe concluye que nueve de cada diez empresas están preparadas para adoptar la semana de 52 horas desde el próximo mes, y por tanto no haría falta una moratoria. En cualquier caso, las autoridades adoptarán medidas complementarias, como asignar trabajadores extranjeros de forma prioritaria a las pymes fuera de la zona capitalina, al ser las que más sufren escasez de mano de obra.