A falta de unos dos meses para la aplicación del impuesto sobre monedas virtuales, en el ámbito político surgen voces que abogan por postergarla. 

Según el plan del Gobierno, el impuesto a las transacciones sobre monedas virtuales entrará en vigor en enero de 2022, con una tasa superior al 20% si las ganancias derivadas de dichos activos superan 2,5 millones de wones anuales. Por ejemplo, si alguien vende por 30 millones de wones unas criptomonedas que compró por 20 millones de wones, al beneficio de 10 millones de wones se le descontaría el límite de 2,5 millones de wones, y los 7,5 millones restantes tributarían a un 22%, resultando la liquidación impositiva en 1.650.000 wones.

Sin embargo, ante las latentes dificultades para estimar el precio inicial de compra, la postura del Servicio Nacional de Impuestos es que, si no hay posibilidad de verificarlo, el monto total obtenido como beneficio será considerado base imponible del tributo. 

Como era de esperar, la medida ha generado descontento entre los inversores, y entre la clase política surgen voces a favor de postergar la implementación del gravamen, ante la falta de un marco apropiado para clasificar ingresos y activos, así como de un criterio impositivo equilibrado.