El Tribunal Constitucional ha determinado como inconstitucional una ley que recoge fuertes sanciones para aquellos que reincidan al conducir en estado de ebriedad.

Dicha norma entró en vigor en diciembre de 2018 para prevenir casos como el de Yoon Chang Ho, sobrenombre de la ley, un joven de 22 años que murió tras ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad. 

Esa ley condena con hasta 5 años de cárcel o multas de entre 10 y 20 millones de wones a conductores reincidentes, a partir de la segunda vez.

No obstante, el Tribunal Constitucional considera que dicha norma incumple los principios legales de ponderación y de no acumulación de sanciones.

En concreto, siete de los nueve magistrados que integran el Constitucional mostraron su desacuerdo con el precepto que ignora el plazo entre reincidencias, y expresaron que las sanciones deben ser acordes al grado de alcoholemia que presente cada conductor.