Con la aprobación de la enmienda a la Ley de Fiscalía y la reforma de la Ley de Procedimiento Penal, el sistema de justicia criminal de Corea del Sur sufrirá un gran cambio. 

Concretamente, las nuevas leyes –que entrarán en vigor en septiembre– reducirán en gran medida la potestad investigadora de la Fiscalía.  

Actualmente, los fiscales pueden realizar una investigación directa sobre seis delitos graves, como corrupción, crímenes financieros, fraudes electorales, delitos relacionados a altos funcionarios, crímenes vinculados a la industria de defensa e incidentes catastróficos. 

No obstante, desde septiembre, solo podrán investigar directamente casos de corrupción y crímenes financieros, mientras que otras áreas competirán a la Policía. 

Asimismo, los fiscales ya no podrán procesar contra los delitos que estén bajo su investigación. Solo podrán encargarlo a otro fiscal que no esté involucrado en el caso.