El Tribunal Constitucional celebró el jueves 14 una audiencia para valorar si la pena capital incumple la Constitución, en base a una solicitud presentada por una persona que asesinó a sus padres en 2018.

En febrero de 2019, el condenado elevó esta petición con el Comité de Justicia y Paz de la Conferencia de Obispos Católicos de Corea, después de que la Fiscalía solicitara la pena de muerte, y actualmente cumple cadena perpetua, sentencia que determinó el Tribunal Supremo.

Los demandantes alegaron que la vida es un valor absoluto que la Justicia no puede arrebatar, y afirmaron que no esta probado que dicha condena vaya a evitar casos similares.

El Ministerio de Justicia advirtió que, ante un delito grave y atroz, ha de considerarse el interés público, recordando que la pena de muerte tiene por objetivo prevenir delitos y proteger a la sociedad al eliminar de raíz los males sociales.

Corea del Sur ha sido considerado por mucho tiempo como "país abolicionista de facto", pues no ha ejecutado a nadie en 25 años, aunque la pena capital sigue en vigor.

Es la tercera vez, después de 1996 y de 2010, que el Tribunal Constitucional valora si la pena capital atenta contra la Carta Magna.