Según explicó el Ministerio de Justicia el miércoles 20, en 2019 consideró como carente de base legal la decisión del Ejecutivo de repatriar a dos pescadores norcoreanos. 

La cartera detalló que el 7 de noviembre de 2019 recibió una petición de Presidencia solicitando un informe jurídico. Entonces concluyó que aunque la Ley sobre Protección de Desertores Norcoreanos estipula que el Gobierno no está obligado a ofrecer asistencia a criminales ni a políticos, no había una base legal para expulsar a quienes ya están en territorio surcoreano. 

Agregó que tampoco cabía aplicar el proceso de expulsión que contempla la Ley de Inmigración, pues dicha norma se destina a extranjeros, y Justicia calificó de "controvertido" proceder a su repatriación forzosa en virtud del artículo 4 de la Ley de Extradición de Criminales, sin el beneplácito del Poder Judicial. 

No obstante, la cartera dijo ignorar si esa valoración jurídica llegó a Presidencia.