El consejo público-privado, activado por el Ministerio del Exterior para identificar una solución al problema de la explotación laboral cometida por firmas japonesas en la era colonial, tambalea en estos momentos y las víctimas notificaron que no participarán más en los debates a cargo de dicho organismo consultivo.

Las víctimas sostienen que, pese a que transmitieron detalladamente su postura, así como sus exigencias, la cancillería presentó arbitrariamente una carta de opinión sobre el asunto al Tribunal Supremo mientras siguen inconclusas las negociaciones, traicionando su confianza.

Según ellas, la intención del Ministerio del Exterior no es más que persuadir al Poder Judicial para que postergue su decisión sobre la venta de los activos incautados a las firmas explotadoras para el pago de indemnizaciones y que esta conducta vulnera su derecho jurídico tanto a realizar demandas como a tener juicios sin dilación.