El Consejo público-privado para abordar el problema de la indemnización a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo, celebró su última reunión el lunes 5 pero sin las víctimas, que se negaron a asistir cuando el Ministerio de Exteriores enfatizó ante el Tribunal Supremo los esfuerzos por resolver el tema de forma diplomática.

Las víctimas alegan que la cancillería pretende influir en la corte y frenar la venta de los activos incautados a empresas japonesas demandadas para acatar la indemnización previamente fijada.

En todo caso, la reunión se llevó a cabo y se centró en valorar las exigencias de las víctimas, en los trámites a seguir en caso de efectuarse la venta de activos y en la hipotética disculpa de Japón, entre otros. 

Sobre la venta de activos, estimaron que todo se resolverá si las firmas demandadas aceptan indemnizar a las víctimas, pero al no ser muy probable que eso ocurra, valoraron alternativas para cuando el Supremo decrete una venta a la que las empresas se oponen- como indemnizar a las víctimas mediante un nuevo fondo, otra fundación o un tercer grupo de apoyo.

Por unanimidad, el consejo consideró mejor evitar el gasto de crear una nueva fundación a tal fin, y recomendaron optar por una entidad ya existente. Para recabar los fondos, sugirieron recurrir a aportaciones de firmas niponas implicadas, o de otras firmas japonesas y surcoreanas.