El Gobierno ha activado una investigación conjunta del Ministerio de Exteriores, el Ejército y la Policía sobre operaciones irregulares de agentes chinos en el extranjero para perseguir a disidentes o detractores de Xi Jinping. 

La investigación parte del informe publicado en septiembre por Safeguard Defenders, una ONG que defiende los derechos humanos denunciando que China mantiene 54 bases policiales en 21 países, principalmente en Europa, así como comandos de servicios secretos en 48 puntos, incluido Corea del Sur. 

Según dicho informe, estos policías secretos infiltrados se encargan de vigilar a personalidades chinas no simpatizantes de Xi Jinping en el extranjero, para obligarles a regresar a China.

Sin embargo, Beijing afirma que esos centros no operan al margen de la ley, pues ofrecen servicios a sus ciudadanos en el exterior, como renovación de licencias de conducir o registro de adquisiciones inmobiliarias, en cumplimiento de las leyes internacionales.