El Ministerio de Exteriores organizará el 12 de enero un debate público sobre la indemnización a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo. En la última fase del proceso para recabar opiniones que impulsa Seúl sobre dicho asunto, en paralelo a las negociaciones con Tokio, se anticipa una fuerte objeción de víctimas y activistas a las propuestas del Gobierno.

Al negociar con Japón, Seúl sugirió crear un fondo para indemnizar a las víctimas que incluya donaciones de aquellas empresas surcoreanas que, de alguna forma, se beneficiaron del acuerdo firmado entre Corea del Sur y Japón en 1965 para zanjar posibles demandas sobre propiedad u otras reclamaciones entre ambos países por los hechos durante la colonización.

Sin embargo, al dejar las aportaciones de empresas japonesas como algo voluntario, las víctimas critican fuertemente la propuesta, pues su principal demanda es que las empresas niponas que sometieron a movilización forzosa y explotación laboral a trabajadores surcoreanos aporten fondos y ofrezcan, junto con el Gobierno de Japón, una disculpa formal.

Aunque se ignora la postura de Japón al respecto, se estima que las víctimas podrían incluso ausentarse del debate del día 12, al considerarlo un "mero formalismo" del Gobierno, un mero gesto previo antes de imponer esa medida.