La Policía procedió el jueves 19 a registrar las oficinas de ocho sindicatos de la construcción, como parte de una investigación sobre posibles actividades delictivas.

Según explicaron, el objetivo del registro era confiscar libretas de contabilidad con posibles datos de aportaciones de constructoras a los sindicalistas que negocian con la patronal, en concepto de "gastos de protocolo". La Policía sospecha que entre los sindicatos es costumbre exigir dicha aportación a las constructoras. 

En diciembre de 2022, la Policía activó un operativo especial para detectar posibles irregularidades de los sindicatos, como obligar a los trabajadores a afiliarse a gremios o posible recepción de sobornos. Hasta la fecha hay cargos contra 126 personas y han detenido a dos. 

Los gremios de la construcción objeto de registro están afiliados a las dos mayores asociaciones sindicales de Corea del Sur: cinco a KCTU, la Confederación Coreana de Uniones Comerciales, y otros tres a FKTU, la Federación de Sindicatos Comerciales Coreanos.