Un grupo de víctimas de explotación laboral impuesta por Japón en tiempos de guerra ha criticado al Gobierno por apresurarse a impulsar su propuesta de indemnización para obtener beneficios políticos y diplomáticos. 

Un fallo de 2018 del Tribunal Supremo de Corea del Sur condenaba a una empresa nipona a indemnizar a varias víctimas demandantes, asunto que bloquea las relaciones entre Seúl y Tokio. Ante la inactividad de la firma, el Gobierno surcoreano sugirió el mes pasado crear un fondo público - financiado por empresas surcoreanas y japonesas- para asumir la indemnización. 

En una rueda de prensa ofrecida el jueves 16 en Seúl, Lim Jae Sung, representante legal de los demandantes, señaló que el Gobierno intenta que las víctimas renuncien a sus derechos para aliviar la tensión entre ambos países y normalizar las relaciones bilaterales.

Criticó enérgicamente al Ejecutivo por forzar a las víctimas a aceptar la propuesta pese a su rechazo, con la mera ambición de dar por zanjado el problema y obtener rédito político. 

También reiteró que el Ministerio de Exteriores intenta agilizar el plan contactando directamente a las víctimas por separado sin notificarlo a los abogados. Finalmente, recordó que las víctimas desean recibir una sincera disculpa por parte de Japon.