Ejecutivo y oficialismo han anticipado una ley especial para ayudar a las víctimas de estafa de alquiler, centrada en garantizar la estabilidad de vivienda de aquellos en riesgo de quedarse en la calle. 

Por el momento, al ser una ley especial se estima que tendrá una vigencia limitada, y otorgará prioridad a los inquilinos afectados a comprar los apartamentos donde residen, además de rebajas tributarias y ventajas para acceder a préstamos.

También incluye un programa para quienes carezcan de recursos que delegará al sector público la compra de apartamentos que hayan servido como estafa sobre el alquileres. Dichos inmuebles pasarán a entidades como la Corporación Coreana de Terrenos y Vivienda (LH), que los ofertará como vivienda pública tras la adquisición. 

Este plan, diseñado por el Gobierno y el partido en el poder, no incluye la devolución de las pérdidas sufridas a las víctimas y en este aspecto difiere del programa de compra pública de viviendas usadas para estafas de alquileres propuesto por la oposición, al cual tildan de populista. Al respecto, el principal opositor The Minjoo expresó que una ley que solo otorga un derecho de adquisición preferente y ventajas tributarias sin cubrir las pérdidas es insuficiente para ayudar a las víctimas.