El Ministerio de Exteriores ha decidido recurrir al mecanismo de consignación judicial, forzando a las víctimas de explotación laboral durante el colonialismo japonés -que rechazan el plan de indemnización del Gobierno, financiado por empresas surcoreanas y no por las firmas japonesas que incurrieron en explotación- a cobrar mediante ese método.

Según explicó un portavoz de la cartera el lunes 3, ya han comenzado los trámites para el pago por consignación judicial pues algunas víctimas se niegan a aceptar la indemnización pese a los sinceros esfuerzos del Gobierno.

El plan de compensación a cargo de terceros fue una propuesta del Ejecutivo de Seúl para zanjar las fricciones con Tokio sobre la movilización laboral forzosa del periodo colonial, sugiriendo que Corea indemnizara a las víctimas que Japón explotó.

En 2018, el Tribunal Supremo de Corea del Sur falló a favor de quince víctimas o familiares demandantes, pero hasta la fecha solo once de ellos aceptaron esa indemnización a cargo de terceros, mientras que otros cuatro - dos víctimas y dos familiares- continúan rechazándola. 

Ante esta negativa, el Gobierno decidió recurrir al pago por consignación judicial, forzando a los demandantes a aceptar la compensación de terceros, al tiempo de paralizar la ejecución judicial de venta de bienes incautados a las fimas niponas para indemnizar a las víctimas. 

Las víctimas que rechazan el plan gubernamental consideran dicha medida injusta y no descartan presentar una demanda para anular el pago mediante consignación judicial.