Ocho países, entre los que figuran Corea del Sur y Estados Unidos, junto con la Unión Europea, emitieron el 1 de febrero una declaración conjunta de solidaridad con el pueblo birmano, en su anhelo por una democracia tolerante, al cumplirse tres años desde que la junta militar tomara el poder en Myanmar. 

Los ministros de Exteriores de esos países condenaron enérgicamente las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos por los golpistas militares, instándoles a cesar de inmediato la violencia contra civiles.

También solicitaron que liberen a todos los presos políticos encarcelados, permitan el pleno acceso de ayuda humanitaria, y creen las condiciones necesarias para el diálogo entre las partes interesadas.

En la declaración, los máximos diplomáticos insistieron en la necesidad de que la junta birmana responda a los esfuerzos de ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y de Naciones Unidas, como entidades que buscan resolver la crisis.