Más de 70.000 pacientes en estado terminal dejaron de recibir soporte vital en 2023, conforme a la correspondiente directiva anticipada que habían firmado de antemano. 

Según datos del Ministerio de Salud y Bienestar, tales pacientes totalizaron 70.720, un 46,6% más que hace un lustro, mientras cada año aumenta el número de personas que llevan a la práctica lo declarado en la directiva anticipada, pasando de 48.238 a 63.921 entre 2019 y 2022. 

Para suspender los tratamientos de soporte vital, primero el médico debe determinar que el paciente está en estado terminal sin posibilidades de mejora y requiere el consentimiento posterior del mismo paciente o de sus familiares. En este contexto, la directiva anticipada se redacta para el caso en que el paciente no se encuentre en condiciones de tomar la decisión por su cuenta.

Lo que se interrumpe, de conformidad con la directiva anticipada, para rechazar el soporte vital es todo tratamiento destinado a alargar artificialmente la vida de una persona, sin efectos curativos, como reanimación cardiopulmonar, hemodiálisis, inyección de antineoplásicos o uso de respiradores.