En medio de los preparativos del equipo de investigación conjunto, formado por la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO) y la policía, para ejecutar una segunda orden de arresto contra el presidente Yoon Suk Yeol, su equipo legal ha denunciado el proceso como un acto ilegal y una amenaza directa al orden constitucional. 

Yoon Gap Geun, abogado del presidente, afirmó que la orden fue emitida de manera inconstitucional, ya que la CIO carece de competencia para investigar delitos relacionados con insurrección. Además, acusó al tribunal de violar la Constitución al aprobar esta orden, calificando el procedimiento como un intento de excluir al presidente del poder estatal mediante el uso de fuerzas policiales y militares. 

También criticó el despliegue masivo de la policía, calificándolo como un abuso ilegal de la función pública. Según su postura, no solo la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios y la policía, sino también los altos mandos responsables del Estado, deberán rendir cuentas legalmente por lo sucedido. 

El abogado señaló que estas acciones son producto de una colaboración entre el partido opositor, la CIO y la policía, con el objetivo de desestabilizar el sistema constitucional. En este sentido, calificó estos actos como una auténtica rebelión contra la presidencia y el orden establecido.