La clase política surcoreana reaccionó de forma dispar tras el arresto del presidente Yoon Suk Yeol.

El partido oficialista Poder del Pueblo emitió duras críticas contra la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), a la que acusó de actuar fuera de su jurisdicción. La formación, que considera que la entidad "no tiene potestad para investigar delitos de traición y rebelión", la acusó de "actuar en su propio beneficio" al solicitar una orden de captura ante un tribunal que, según el partido, no es "competente". Además, censuró al opositor Partido Democrático por supuestamente presionar a la CIO para que continuara con la ejecución de la orden y reprochó a la oficina por comportarse como una "agencia subcontratada" de la oposición.

El Partido Democrático, en cambio, estimó que el arresto del presidente constituye el "primer paso hacia la restauración del orden constitucional, de la democracia y del Estado de Derecho". Por su parte, la CIO instó a investigar "exhaustivamente" a Yoon para "esclarecer toda la verdad" sobre el decreto de la ley marcial y conseguir que asuma "la responsabilidad que le corresponde" por causar una "conmoción sociopolítica tan seria".