La clase política surcoreana ha expresado un rechazo unánime a la violencia, subrayando que "no será tolerada bajo ninguna circunstancia", en referencia a la irrupción violenta de manifestantes en la sede del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl este fin de semana. Los manifestantes, indignados por la prisión preventiva dictada contra el presidente Yoon Suk Yeol, forzaron el acceso al edificio.

El propio mandatario, quien se encuentra actualmente bajo arresto, declaró que, aunque comprende el malestar de los ciudadanos ante los recientes acontecimientos en el país, sus exigencias y posturas deben expresarse "de manera pacífica".

El partido oficialista Poder del Pueblo condenó el domingo 19 la violencia, asegurando que cualquier acto violento, incluso en apoyo al presidente, sería "un error". Sin embargo, también criticó a la oposición, acusándola de emprender una "caza de brujas" contra los manifestantes sin analizar las razones del descontento ciudadano frente al actual panorama sociopolítico. El líder del partido en la Asamblea Nacional, Kweon Seong Dong, afirmó que, para ganar el respaldo de una mayor parte de la población, es necesario "actuar dentro del marco de la legalidad".

Por su parte, el opositor Partido Democrático calificó lo sucedido en los alrededores del tribunal como un "grave disturbio" e instó a las autoridades policiales a detener y sancionar a todos los implicados. Además, criticó duramente a Poder del Pueblo por cuestionar las decisiones judiciales e incitar a sus simpatizantes a protestar contra ellas.