La clase política de Corea del Sur ha reaccionado de manera dividida ante la decisión de la Fiscalía de imputar por traición al presidente Yoon Suk Yeol, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva.

El oficialista Poder del Pueblo calificó la medida judicial como sin fundamento, argumentando que se adoptó sin realizar un interrogatorio completo al mandatario y basándose, según afirman, en investigaciones ilegítimas llevadas a cabo por la Oficina de Investigación de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO). La formación política sostiene que dicha institución carece de competencia para investigar casos de traición o rebelión y subrayó que ahora corresponde a los jueces y tribunales del país actuar con imparcialidad para evitar lo que consideran una injusticia contra el presidente.

Por su parte, el opositor Partido Democrático acogió con satisfacción la decisión de la Fiscalía, al considerar que finalmente se ha iniciado el proceso para castigar a quienes conspiraron contra el país. En este sentido, hizo un llamamiento a la Justicia para que emita su veredicto sin apartarse de la legalidad y los principios establecidos, asegurando que nada ni nadie ponga en riesgo el orden constitucional y la democracia, que, recordaron, se consolidaron en Corea del Sur con el sacrificio de miles de ciudadanos.