El Gobierno está ultimando una proposición de ley que, de aprobarse, permitiría suspender o despedir a los docentes que no puedan ejercer su labor debido a problemas psiquiátricos, entre otras medidas. El proyecto de normativa responde al caso reciente de una niña de primaria que murió a manos de su profesora en su propio centro escolar.

Según anunció el Ministerio de Educación, la nueva ley facultará a los directores de los colegios para apartar de las aulas a los docentes que, a causa de trastornos psiquiátricos, presenten síntomas de agresividad o dificultades para desempeñar sus tareas. En principio, deberán notificar dicha decisión con antelación a la oficina de educación correspondiente. No obstante, en situaciones urgentes, los responsables educativos podrán tomar las medidas necesarias y comunicar a posteriori la decisión a las autoridades educativas distritales. El superintendente regional de educación, bajo cuya jurisdicción se encuentre la escuela afectada, será quien decida si procede con la suspensión del profesor en cuestión.

La ley también prevé la creación de un consejo especializado que evaluará la idoneidad profesional de los docentes, con la capacidad de determinar si alguno es incapaz de realizar su trabajo debido a enfermedades físicas o mentales. Este órgano podrá recomendar una baja, suspender temporalmente al profesor o sugerir que se someta a tratamiento terapéutico.

Como medida complementaria, a partir del primer semestre de 2025 el ministerio distribuirá en todas las escuelas un kit de herramientas y chequeos de salud mental, cuyo diseño y desarrollo finalizaron en octubre de 2024. Además, se reforzarán los sistemas de seguridad en los centros educativos, incluida la instalación de redes de videovigilancia tanto dentro como en los alrededores de los colegios.