La oposición, encabezada por el Partido Democrático, que ostenta la mayoría en la Asamblea Nacional, ha presentado el lunes 31, durante una sesión plenaria del Comité Judicial y Legislativo, dos propuestas de enmienda para modificar el Estatuto del Tribunal Constitucional.
Una de las iniciativas busca establecer un plazo de siete días para que el presidente de la nación nombre como magistrados del Tribunal Constitucional a los candidatos aprobados por el Parlamento y el Tribunal Supremo. Si el nombramiento no se produce dentro de ese periodo, los candidatos se considerarían automáticamente designados. La propuesta también contempla la prórroga automática del mandato de los jueces en caso de que no se hayan confirmado a tiempo sus sucesores.
Esta reforma se plantea en un contexto de incertidumbre institucional, ya que sigue pendiente el nombramiento del juez Ma Eun Hyeok como nuevo magistrado del tribunal, cuya vacante mantiene incompleto el pleno de nueve miembros. Asimismo, se pretende evitar otro vacío en la corte cuando, el próximo 18 de abril, finalice el mandato de dos magistrados: el actual presidente interino, Moon Hyung Bae, y la jueza Lee Mi Son.
La segunda enmienda está relacionada con las competencias del presidente en funciones respecto a la designación de magistrados del Tribunal Constitucional. En concreto, limitaría su papel exclusivamente a aprobar los candidatos previamente ratificados por el Parlamento y el presidente del Tribunal Supremo, en caso de que el cargo de jefe del Estado quede vacante. De esta forma, el presidente interino no podría proponer ni nominar nuevos magistrados por iniciativa propia.
Sin embargo, las reformas han sido duramente criticadas por el oficialismo. La formación gobernante, Poder del Pueblo, denunció que la oposición intenta modificar a su conveniencia el mandato de los jueces establecido en la Constitución. En un comunicado, advirtió que resulta inadmisible pretender enmendar aspectos protegidos por la carta magna como si se tratara de una ley ordinaria y acusó a la oposición de vulnerar el Estado de derecho.