El Gobierno expresó su respaldo a la adopción, por décimo año consecutivo, de una resolución de la ONU que denuncia la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. El texto refleja la creciente preocupación de la comunidad internacional ante la gravedad de las violaciones cometidas por el régimen norcoreano.

La resolución, presentada de forma conjunta por 54 países, entre ellos Corea del Sur, fue aprobada sin necesidad de votación durante la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El documento manifiesta la inquietud global ante el envío de tropas norcoreanas en apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania, y urge a Pyongyang a abstenerse del uso excesivo de la fuerza en zonas que puedan poner en riesgo la seguridad internacional.

Asimismo, los Estados firmantes instan a la liberación inmediata de todas las personas detenidas de manera arbitraria por el régimen, con especial mención al caso de tres misioneros surcoreanos retenidos en el país.

Según la resolución, el trabajo forzado está tan extendido en Corea del Norte que, en determinados casos, podría considerarse una forma de esclavitud, lo que constituiría un crimen de lesa humanidad conforme al derecho internacional.