El Gobierno ha solicitado a Estados Unidos que no imponga restricciones a las importaciones de cobre coreano, en el marco de la investigación abierta recientemente por la Casa Blanca sobre productos relacionados con este metal, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial.

Dicha normativa otorga al presidente estadounidense, Donald Trump, la facultad de restringir las importaciones que considere una amenaza para la seguridad nacional. En aplicación de esta ley, el pasado 10 de marzo las autoridades comerciales de Washington iniciaron una investigación sobre las importaciones de cobre, a instancias de Trump, y se prevé que esta pueda derivar en la imposición de aranceles.

Ante esta situación, el Ejecutivo coreano remitió una carta de explicación a las autoridades estadounidenses en la que subraya que los productos de cobre procedentes de Corea no suponen una amenaza para la seguridad nacional de EEUU; por el contrario, sostiene que contribuyen a fortalecer su economía y a estabilizar los suministros.

Como parte de su argumentación, señaló que el cobre de origen coreano representa apenas el 3% de todas las importaciones de este metal en el mercado estadounidense, y que se utiliza principalmente en sectores no vinculados directamente con la defensa, como la construcción y las obras públicas. Asimismo, advirtió de que, en caso de aplicarse aranceles, el precio del cobre aumentaría en EEUU, lo que afectaría negativamente a la competitividad de su sector manufacturero y a la estabilidad de la cadena de suministros.

Además, Seúl recordó que los principales usuarios de las cintas de cobre coreanas son empresas de Corea con fuertes inversiones en EEUU, las cuales generan empleo local. Entre ellas destacan los fabricantes de baterías, que han invertido cerca de 46.500 millones de dólares en territorio estadounidense y han creado más de 10.000 puestos de trabajo.