El juicio penal contra el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de rebelión, celebró su primera audiencia el lunes 14, durante la cual las partes presentaron sus alegatos iniciales.

En la lectura de cargos, la Fiscalía sostuvo que Yoon, al decretar la ley marcial en diciembre pasado, provocó graves alteraciones del orden público y atentó contra el orden constitucional, tras haberlo planeado de manera premeditada. Según la acusación, el exmandatario emitió una orden ilegal y contraria a la Constitución con el propósito de paralizar las funciones de diversas entidades protegidas por la carta magna y de neutralizar el sistema político multipartidista vigente en el país.

El ministerio público detalló que las operaciones destinadas a vulnerar los derechos y libertades fundamentales, así como la independencia de las instituciones, se llevaron a cabo en la Asamblea Nacional, en la sede del entonces opositor Partido Democrático y en las oficinas de la Comisión Electoral Nacional. Por estos hechos, Yoon enfrenta cargos de rebelión en virtud del artículo 87 del Código Penal.

No obstante, el expresidente y su defensa negaron todas las imputaciones. Yoon argumentó que resulta "irracional" calificar los acontecimientos de la noche del 3 de diciembre como una "rebelión", dado que los incidentes se limitaron a unas pocas horas y él aceptó de inmediato y de forma no violenta la exigencia del Parlamento de revocar la ley marcial.

En cuanto a la acusación de que planificó la imposición de la ley marcial con antelación, incluso desde antes del nombramiento de Kim Yong Hyun como ministro de Defensa, Yoon calificó dicha afirmación de absurda. Asimismo, sostuvo que considerar la declaración de la ley marcial un acto equiparable a un golpe de Estado o a una rebelión supone una interpretación jurídica que excede los límites del Derecho, al basarse en criterios ajenos a la legalidad.