La Junta de Auditoría e Inspección ha solicitado a la Fiscalía que investigue a seis exmilitares que formaron parte del Gobierno del expresidente Moon Jae In por posibles irregularidades en el proceso de verificación de la destrucción de los puestos de vigilancia de Corea del Norte, acordada en 2018 como parte del pacto militar intercoreano.

El acuerdo militar, firmado el 19 de septiembre de 2018, estipulaba la demolición de diez puestos de vigilancia en cada lado de la Zona Desmilitarizada (DMZ), así como la retirada de tropas y equipamiento militar. En aquel momento, el Ejecutivo aseguró que todos los puestos situados en territorio norcoreano habían sido desmantelados de forma adecuada.

Sin embargo, tras la ruptura oficial del acuerdo por parte de Pyongyang en noviembre de 2023, el régimen logró restaurar sus instalaciones militares en un breve lapso de tiempo, lo que ha despertado dudas sobre la rigurosidad del proceso de verificación llevado a cabo por Seúl y ha generado sospechas de negligencia.

Según la Junta, los exfuncionarios podrían haber elaborado informes oficiales sin haber comprobado debidamente si las instalaciones norcoreanas habían sido efectivamente desmanteladas, lo que habría conducido a una interpretación errónea sobre el cumplimiento del acuerdo por parte de Corea del Norte.

El caso ha sido remitido a la Fiscalía del Distrito Oeste de Seúl, que iniciará próximamente la revisión de los documentos entregados por la Junta de Auditoría. Está previsto que los resultados definitivos de la auditoría se hagan públicos en un plazo de entre uno y dos meses.