El fallo del Tribunal Regional de Cheongju que reconoce la responsabilidad del Estado japonés de indemnizar a las víctimas de la esclavitud sexual impuesta por su Ejército durante la Segunda Guerra Mundial quedó firme el jueves 15, tras expirar el plazo legal para apelar sin que Japón presentara recurso alguno.

La sentencia, emitida el pasado 25 de abril, responde a la demanda interpuesta por el hijo de Gil Gap Sun, una ciudadana surcoreana ya fallecida que fue sometida a esclavitud sexual. El denunciante reclamaba una compensación de 200 millones de wones por los daños sufridos por su madre. El juez encargado del caso, Lee Hyo Doo, determinó que el Gobierno nipón debe abonar 100 millones de wones, al considerar que existen dos herederos legales de la víctima.

Gil Gap Sun nació en 1924 en la localidad de Muju, en la provincia de Jeolla del Norte. Con apenas 17 años, fue forzada por el Ejército japonés a trasladarse a Nagasaki, donde fue esclavizada sexualmente. Según testimonios recogidos en vida, fue torturada y quemada con una plancha en la espalda por negarse a prestar servicios sexuales a los soldados.

Al confirmar el veredicto, el magistrado subrayó que los tribunales surcoreanos tienen jurisdicción para juzgar este tipo de casos, dada la naturaleza antihumanitaria y la gravedad de los crímenes cometidos, que atentan contra los valores universales de la humanidad. Asimismo, explicó que el principio de inmunidad soberana no es absoluto, especialmente a la luz de la evolución del orden internacional y de tratados como los convenios de las Naciones Unidas, que no la reconocen en determinados supuestos.

Esta resolución judicial se suma a otros dos dictámenes previos emitidos por tribunales surcoreanos que también reconocen la responsabilidad de Japón en la indemnización a víctimas de esclavitud sexual o a sus familiares.