Seis de cada diez expertos en demografía advierten de que el principal efecto secundario de elevar la edad legal de jubilación de 60 a 65 años será una contracción del empleo juvenil.

Así lo refleja un sondeo realizado por la Federación Empresarial de Corea en el que se consultó a especialistas sobre las políticas de inserción laboral dirigidas a la población de edad avanzada. Concretamente, el 62,4% de los participantes señaló la reducción de la ocupación entre los jóvenes como la consecuencia más negativa del retraso en la edad de retiro. Otros efectos adversos mencionados incluyen el desequilibrio entre el aumento de los costes y la baja productividad, el conflicto intergeneracional y las desigualdades entre trabajadores fijos y temporales o con contratos precarios.

Ante la pregunta de quién debería asumir la responsabilidad de garantizar ingresos suficientes en la tercera edad, en un contexto de envejecimiento poblacional cada vez más acusado, el 63,8% de los encuestados apuntó al Gobierno y al Parlamento, mientras que el 32,9% señaló a los ciudadanos individuales. Por el contrario, solo un 1,9% mencionó al sector privado. En resumen, la mayoría considera que es el Estado quien debe asegurar un nivel básico de ingresos para la población jubilada evitando trasladar una carga excesiva al ámbito empresarial mediante políticas orientadas a fomentar el empleo de personas mayores.